La Avenida Carabobo es normalmente el
punto de encuentro de los ‘gochos’ en San Cristóbal. Se citan en la esquina ‘de
la mor’ para comer morcillas o en el parque de los Enanos. A lo largo de los
tres carriles de subida, y los tres de bajada, separados por una galería de
árboles frondosos, esta época
vestidos de rosado, encuentran farmacias, almacenes,
panaderías y fuentes de soda. Cualquiera que se siente en alguna de sus bancas
al atardecer, puede disfrutar de una impresionante sinfonía de grillos y
chicharras.
Pero desde hace mes y medio esta agradable ciudad vive una
pesadilla. Quienes viven sobre la Carabobo, hoy una de las peores zonas rojas,
cercada con alambres de púa y ‘guarimbas’ (barricadas), han escuchado gritos de
pánico, detonaciones de bombas molotov, gases lacrimógenos y hasta el zumbido de
las balas. Los manifestantes levantaron a mano un tanque de guerra, que hacía
parte de un monumento militar y lo atravesaron en la calzada. Las partes del
cuerpo de la estatua del soldado que acompañaba el tanque fueron a parar junto
al montón de chatarra, carros y buses incendiados.
Su enemigo tiene
varias caras: la Guardia Nacional, la Policía Nacional, los agentes de
inteligencia del Sebin, los grupos de colectivos armados afines al gobierno y
hasta las ambulancias. Varias personas cuentan que una noche alguno de los
anteriores usó una de ellas como caballo de Troya para penetrar en la zona.
Desde entonces, Guillermo Llanos, un estudiante de Ingeniería de
producción animal de 28 años de la Unet, coordina la entrada y salida de un
territorio que comprende unas 20 manzanas. El centro de operaciones de ‘Memo’,
es una carpa instalada en el cruce con la avenida Ferrero Tamayo .“Si yo levanto
ese toldo, esto se acaba”, dice. En ese lugar, unos 100 estudiantes acampaban en
vigilia por los primeros estudiantes asesinados en Caracas el 19 de febrero.
Memo cuenta que en la madrugada de ese día la Guardia Nacional arremetió contra
ellos con tanquetas, bombas lacrimógenas y escopetas de perdigones.
A
partir de entonces, la protesta cambió. “No sabíamos lo animales que podíamos
ser”, dice. No solo armaron barricadas por toda la avenida, sino que decretaron
horarios de guardia, establecieron códigos de comunicación secreta y
sofisticaron sus herramientas de combate. Fabricaron escudos con antenas de
televisión privada y latas y ‘miguelitos’ –mangueras con clavos para pinchar las
llantas de las motos–. Armaron bombas molotov y morteros con tubos viejos y
pólvora, a los que rellenan con ‘picante’ o tachuelas. Prepararon cocteles
químicos con removedor de esmalte de uñas y cloro. La receta, probada ya contra
los guardias, es especialidad de alias Cloroformo, un jovencito al que la mamá
castigó con varios días encerrado en la casa.
La fama de lo bravos o
‘arrechos’ que son los ‘gochos’ es un estereotipo cultural histórico en
Venezuela. Uno de los grupos de estudiantes más radicales de Caracas le han
pedido que hagan un manual para replicar en otras partes del país sobre cómo
armar ‘guarimbas’ que, según ellos, son necesarias para protegerse, pero que
también los vuelve prisioneros en sus propias calles. Entre las seis de la
mañana y la una de la tarde abren paso para que la gente pueda ir a trabajar,
hacer mercado o cualquier diligencia. Pero hacia las cinco cierran el paso y
colapsa la parte alta de la ciudad, donde están los barrios de clase media y
alta y las guarimbas más importantes. Después de que cae el sol, nadie pone un
pie en la calle.
Heridos
clandestinos
“Paradójicamente, no hay zona más segura que la
avenida Carabobo”, dice Joaquín Guzmán, uno de los ocho médicos que atiende uno
de las puestos de salud que han montado en el corredor de una casa sobre la
avenida. Detrás de una repisa metálica cubierta por una sábana de flores,
guardan cajas con jeringas, analgésicos, alcohol y antibióticos. Algunos
opositores que viven en Estados Unidos les han enviado donaciones porque en
Venezuela escasean algunos medicamentos. Guzmán dice que ha atendido a más de
100 heridos desde que empezaron las protestas, varios de ellos lesionados en
otras zonas que llegaron hasta allá.
No van a los hospitales y clínicas
de la ciudad por dos razones. La primera es que por ley tienen que registrarlos
cuando entran por urgencias y muchos temen quedar fichados por la Fiscalía como
opositores y que les abran expedientes. La segunda razón es que también han
atacado a las clínicas y hospitales.
El Cemoc, una clínica privada, ha
sido asediada ya dos veces aunque uno de sus directivos asegura que allí solo
han atendido a miembros de la fuerza pública. Precisamente, hace dos semanas,
fueron atacados mientras le estaban practicando una cirugía a un guardia que
tenía perdigones incrustados en un pie.
El segundo ataque sucedió el
miércoles pasado. Los guardias lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo de
médicos y pacientes que salieron con los brazos arriba a cantarles el himno
nacional. Un doctor, que prefirió no dar su nombre, contó con voz quebrada y
ojos aguados que junto a los guardias habían llegado hombres armados en moto
vestidos de azul oscuro. Uno de ellos le apuntó con una pistola y le dijo : “Te
voy a matar, doctor Chimbín”.
Sucrania
Al barrio
Sucre le cambiaron el nombre hace unas semanas. Ahora le dicen Sucrania, en
alusión a las protestas de Ucrania, consideradas más violentas que las de
Venezuela, aunque la cifra de muertos ya asciende a 37 en un poco más de 40
días. Lamentablemente, en territorio sucraniano murió una de las víctimas,
Wilfredo Rey, un conductor de bus. Lo atravesó una bala el viernes 21 de marzo,
y a pesar de que en la zona también hay dos hospitalitos improvisados, no hubo
nada que hacer.
Uno de los líderes de Sucrania, al que llaman el G8
(gocho) trabaja durante el día como mesero de un hotel y es padre de una niña
pequeña. Cuando tiene que ‘guarimbear’ anda encapuchado. Dice que la diferencia
entre los gochos y el resto del país es cultural, porque ellos nunca se
acostumbraron al facilismo de recibir lo que les da el gobierno, el resto sí. A
su lado, un muchacho flaco, no quiso dar ni su nombre de pila, pero dijo que era
hijo de colombianos y que por eso era: “Arrecho por gocho y verraco por
colombiano”. Para él, la diferencia entre los gochos y el resto del país es que
los estados andinos tienen más educación, por eso no le creen tantas mentiras al
gobierno.
Independientemente de las teorías culturales y los
estereotipos que se han construido frente a los ‘gochos’, lo que sí es una
realidad es que el estado Táchira ha sido territorio mayoritariamente opositor.
Un vecino mayor del sector explica que en el barrio los pocos chavistas que hay
no se atreven a decirles que quiten las barricadas. Son minoría contra una
mayoría, que al igual que en la Carabobo, están organizados, hacen turnos y
tienen armas hechizas. En ambos sectores se dice que también hay armas. “Ya el
tiempo de la protesta pasó, acá estamos defendiéndonos”, dijo el vecino.
Mantenlo prendido
El que pretenda entrar a
territorio de Pueblo Nuevo, sector donde cayó el estudiante Jimmy Vargas el
pasado 24 de febrero, tiene que identificarse, sobre todo después de lo que
sucedió el pasado miércoles. Los vecinos se pusieron nerviosos cuando vieron
pasar a dos hombres que andaban en una moto Suzuki de alto cilindraje. Les
dijeron que pararan y se identificaran, como no lo hicieron, les cayeron encima.
Así descubrieron que uno de ellos era agente de inteligencia y que llevaba por
dentro de la camisa lo que ellos describen como “un croquis”, con la
localización de varias guarimbas en distintos puntos de la ciudad.
Lo
mantuvieron por varias horas de rehén, paseándolo de una casa a otra de la
urbanización, hasta que lograron negociar, dicen ellos, con un general de
Caracas, para intercambiarlo por cinco jóvenes que la guardia había capturado
más temprano. El agente, según ellos, no sufrió mayores maltratos. La moto, en
cambio, fue incinerada al instante, en un momento de euforia y de rabia
colectiva. Al día siguiente, unos vecinos fueron a revisar si alguna pieza podía
salvarse, ya que se quejaban de que también hay escasez de repuestos de motos.
Hicieron el intercambio de prisioneros frente a la sede calcinada de la
universidad Unefa. La misma que, el 18 de marzo, presenció el incendio de varios
de sus bloques, la entrada y un bus en hechos confusos. Hay quienes dicen que lo
hicieron los mismos colectivos del gobierno. Pero entre los propios estudiantes
también aseguran que algunos de ellos participaron. Una de las vecinas dice que
vio que la Guardia Nacional no hizo nada para impedir que le prendieran candela.
Y no ardió una, sino tres veces, según los bomberos, que prácticamente no han
tenido día de descanso desde que comenzaron las protestas.
Han tenido
que atender más de 25 incendios. Además de la Unefa, fueron quemadas dos
discotecas, cuatro sedes de instituciones gubernamentales, entre ellas la sede
local del Ministerio de Ambiente, a la que no pudieron llegar los bomberos
porque la Guardia Nacional les advirtió que no tenían cómo garantizarles su
seguridad, según explicó el mayor Andrés Eloy Durán. Dijo que la línea 171,
donde se reportan los incidentes, últimamente les causa a los bomberos “terror
psicológico”.
Los transportadores también temen que les quemen los
vehículos, ya van 11, lo que tiene a media marcha a las compañías de buses y
taxis, no solo en San Cristóbal, sino también las que viajan a otras ciudades de
Venezuela y de Colombia. Sergio Escalante, un vendedor de puestos en la terminal
de transportes que se identifica como chavista, dice que no está de acuerdo con
la forma de protestar de los opositores, pero tampoco acepta la forma como ha
manejado la crisis el gobierno. “Se le ha ido la mano a la guardia y a la
milicia”, dice.
Otro que tampoco está de acuerdo con que paralicen la
ciudad de esa manera es Jesús Hernández, estudiante de Filosofía y vendedor de
frutas en un puesto callejero en la zona industrial de la ciudad. El miércoles
estaban comenzando a llegar de nuevo las verduras de los productores que habían
anunciado paro desde el viernes pasado. Como es zona de frontera, no hubo mayor
problema porque empezaron a traer bultos de Colombia, pero a precios cinco veces
más caros.
Castigados por la frontera
Para bien
o para mal, la frontera tiene una incidencia particular sobre lo que está
pasando en el conflicto venezolano. Pero los tachirenses no aceptan que el
gobierno nacional haya desplegado una operación especial de ‘pacificación’
encabezada por el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que
incluyó el arribo de tropas paracaidistas, tanques adicionales y el sobrevuelo
amenazante de aviones Sukhoi sobre San Cristóbal.
En vez de acabar con
las guarimbas, la respuesta de los tachirenses fue resistir con más fuerza. La
operación militar fue interpretada como evidencia de la incompetencia del
gobernador chavista del Estado, José Gregorio Vielma Mora. Cuando se les
pregunta a los guarimberos qué quieren lograr con la protesta, muchos contestan
que el objetivo principal es que renuncie Vielma. A él, militar retirado, lo
señalan no solo de dirigir la represión contra los manifestantes, sino también
de haberles impuesto a los tachirenses controles y trabas como ninguno otro.
Los gochos se sienten castigados por el gobierno, no solo por ser
mayoritariamente opositores sino también por estar en la frontera. Para frenar
el multimillonario negocio de contrabando de gasolina entre Colombia y
Venezuela, a los tachirenses les impusieron hace unos años unos chips que
controlan el consumo. Pero con la devualuación del bolívar, en más de 700 por
ciento esta semana (ver artículo siguiente), el contrabando ha florecido como la
principal actividad económica en la región, y ya no solo de gasolina, sino
también de alimentos, de medicamentos, de chatarra.
La respuesta del
gobierno ha sido establecer más controles, decomisos, operativos, allanamientos.
Y más trabas, como la exigencia de presentar cédula venezolana y recibos de
servicios públicos para comprar en almacenes y mercados, argumentando que los
colombianos son culpables de lo que llaman “contrabando de extracción”. Muchos
de los tachirenses tienen doble nacionalidad, y según explica la cónsul de
Colombia, Cecilia Palacios, el gobierno venezolano les está exigiendo ahora un
certificado que diga que no son colombianos. Como muchos fueron registrados en
ambos países, ahora están teniendo que renunciar a la nacionalidad por
nacimiento. Paralelamente, ha incrementado el número de venezolanos que están
solicitando su nacionalidad por ser hijos de colombianos o visas de estudiantes
o de trabajo. “Muchas de las personas manifiestan que quieren irse del país o
sacar a sus hijos”, dice.
La cercanía con la frontera también le ha
permitido al gobierno encontrar un culpable externo a esta crisis. Tanto el
presidente Nicolás Maduro, como el gobernador Vielma, han dicho que detrás de
las protestas y guarimbas en el Táchira están los narcotraficantes,
contrabandistas, mercenarios y paramilitares colombianos. Vielma incluso ha
señalado que el gobierno tiene pruebas de que el alcalde de San Cristóbal,
Daniel Ceballos, había recibido dinero de estos sectores para financiar a los
guarimberos de la zona, pero no mostró ninguna evidencia. “Hay una relacion con
el narcotrafico impresionante para mantener un Estado que estaba a la deriva y
que llegamos a poner orden”, dijo el gobernador en una reciente entrevista con
el canal Globovisión.
Cárcel y acoso
judicial
Daniel Ceballos, elegido con más del 67 por ciento de
los votos el 8 de diciembre, es un ingeniero de 30 años, exlíder estudiantil y
militante del partido de Leopoldo López, Voluntad Popular. Es un enérgico
opositor del gobierno, tanto que hace unos días asistió a una reunión de la
Junta Patriótica Estudiantil, uno de los sectores más radicales, de la cual es
firmante, y en un momento de euforia, le prendió candela a un ejemplar del Plan
de la Patria del chavismo.
El martes pasado fue condenado a un año de
prisión por desacatar una orden del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a
los alcaldes a remover las barricadas. “Le dieron un golpe de Estado a San
Cristóbal”, dice el asistente de Ceballos, Ronni Pavolini. Ceballos será
juzgado, además, por los delitos de agavillamiento y rebelión. Mientras tanto,
está en la cárcel de Ramo Verde, junto a Leopoldo López, a quien le negaron el
amparo presentado ante la Corte de Apelaciones el viernes pasado.
Otro
alcalde, también condenado por desacato en un juicio express es el de San Diego,
Vicenzo Scarano. La amenaza de terminar tras las rejas pesa también sobre otros
alcaldes de oposición como Ramón Muchacho, Gerardo Blyde y David Smolansky,
quienes rigen municipios que integran la gran Caracas y que también se han visto
considerablemente afectados por las guarimbas.
Además de los alcaldes
existe una gran incertidumbre sobre lo que pueda pasarle a la diputada María
Corina Machado. Hasta el momento no se conoce ninguna orden de captura ni
apertura de investigación formal contra ella, pero varios voceros del gobierno
la han señalado como una de las principales instigadoras de las protestas y la
acusan de fomentar la violencia.
El martes de la semana pasada, un grupo
de diputados oficialistas anunció que acudirían ante la Fiscalía para quitarle
la inmunidad parlamentaria. Este lunes, el presidente de la Asamblea, el capitán
Diosdado Cabello, resolvió ir más lejos. Anunció que le quitaría su investidura
por haber participado como delegada del gobierno de Panamá ante la reunión de la
Asamblea General de la OEA. Machado regresó al país luego de una gira por Perú a
principios de la semana y cientos de personas acudieron en Caracas a una
manifestación para apoyarla. “Yo soy diputada hasta que el pueblo decida”, dijo,
emocionada.
Mientras tanto, la comisión de cancilleres de Unasur se
reunió en Caracas con delegados del gobierno nacional, incluido el presidente
Maduro, quien denunció durante la reunión que tres oficiales de la Aviación
estaban orquestando un golpe de Estado en su contra. Hasta ahora no se conocen
las pruebas ni la entidad de los oficiales. La Unasur también se reunió con los
organismos de control, la Defensoría del Pueblo, así también como con algunos
miembros de la Mesa de Unidad de la oposición, líderes estudiantiles,
organizaciones de derechos humanos y representantes de la Iglesia. Colombia,
Ecuador y Brasil liderarán una agenda de diálogo entre las partes, pero este
está empantanado mientras continúen los insultos de lado y lado.
La
oposición está cansada de que los llamen ‘chuckys’, fascistas y terroristas. Y
al gobierno le duele hondo que lo cataloguen de régimen dictatorial y
totalitario, donde están secuestrados los poderes y no hay garantías de respeto
al derecho internacional humanitario. Quizá para aplacar las críticas, la fiscal
Luisa Ortega anunció que investigan más de 60 denuncias de violación de derechos
humanos.
Más allá de lo que suceda al nivel de líderes políticos y
círculos diplomáticos, la realidad de la calle, al menos en San Cristóbal, está
indicando que la situación se les salió de las manos a los dirigentes del
gobierno y de la oposición. Son muchos los ‘gochos’ que sienten que si entregan
las calles, perderán todo y temen que el Estado arrasará con ellos. Para líderes
como Memo, ya cruzaron un punto de no retorno. “Yo soy moderado, pero llegará el
momento en que nos va a tocar ser más radicales”.
